El pasado 25 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio Ciudadano de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial del Estado de Baja California, en la Facultad de Derecho del Campus Tijuana (FDT).

Se contó con la presencia de la doctora Elizabeth Nataly Rosas Rábago, representante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y presidenta del Observatorio Ciudadano de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial del Estado de Baja California; además de la licenciada Magdalena Elizabeth García Sepúlveda, representante de Cavim AC (Centro de Atención a la Violencia Familiar en Mexicali); la licenciada Mónica Vargas Núñez, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; la maestra Cinthya Gómez Tagle Bravo, representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, entre otras personas del gremio. 

Durante la sesión se realizó la revisión de una sentencia penal desde una perspectiva de género. Esta revisión fue enfocada en el contexto social, cultural y estructural de los hechos, así como los elementos normativos que influyeron en las decisiones judiciales, obteniendo un análisis multidimensional del proceso judicial de dicha sentencia. El observatorio subrayó la relevancia de incorporar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso judicial, este enfoque permite identificar situaciones de vulnerabilidad, relaciones de poder desequilibradas y posibles estereotipos que influyen en la interpretación de los hechos y en la aplicación del derecho.

Rescatando también, la necesidad de aplicar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, así como promover un lenguaje incluyente, medidas de reparación integral y la generación de precedentes judiciales que contribuyan a una justicia más igualitaria y sensible a las condiciones de vida de las personas involucradas.

La sesión concluyó con la reafirmación del compromiso del Poder Judicial del Estado de Baja California, la UABC y las organizaciones civiles por determinar medidas de reparación integral del daño, para que atiendan a la afectación del proyecto de vida de la persona involucrada y que se hagan cargo del poder simbólico de las sentencias, estableciendo medidas de reparación transformativas.