La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fue sede en la Facultad de Derecho Mexicali (FDM), de la presentación del “Informe de transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia”, elaborado por Causa en Común A.C.

Esta asociación es una organización independiente y sin afiliación partidista, enfocada en el análisis, evaluación y fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos. En el aula magna de la FD, el martes 25 de mayo del año en curso, estuvieron presentes los voceros de Causa en Común, maestra Nancy Angélica Canjura Luna y el licenciado Fernando Escobar Ayala, quienes expusieron, ante alumnos de la licenciatura en Derecho, algunos de los hallazgos más sobresalientes de su investigación.

El licenciado Fernando Escobar comentó que la investigación y desarrollo del informe llevó un esfuerzo de dos años que concluyó en un informe nacional y 32 informes estatales con datos correspondientes al cierre de 2024. Explicó que toda la información proviene de solicitudes de transparencia realizadas ante las instituciones dadas de alta en la plataforma nacional. Para recabar la información de Baja California, expresó que dirigieron las solicitudes de información a la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía y a la unidad responsable del sistema penitenciario de Baja California.

Sobre la metodología abundó que para la elaboración de las solicitudes de información se basaron en varios marcos jurídicos nacionales donde se detallan las obligaciones mínimas que deben cumplir las instituciones analizadas. Por lo tanto, utilizaron una escala de evaluación del -100 al 0: “Cuanto más cercana a cero, mayor cumplimiento normativo; la escala negativa evidencia el incumplimiento generalizado de la ley en estas instituciones”, señaló el vocero de Causa en Común.

Calificación de la policía: -43

La calificación que tuvo la policía de Baja California fue de -43, un poco por encima del promedio nacional que fue de -52. “Ninguna policía del país cumple con ese piso mínimo que establece la ley; en todas se registran incumplimientos de mayor o menor índole”.

En el caso de las policías se centró la investigación en 7 ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social, certificación, perspectiva de género, uso progresivo de la fuerza. Algunos hallazgos que se mencionaron sobre Baja California son los siguientes:

• En Baja California no existe una política que se oriente a capacitar a los policías en cuestiones como Derechos Humanos, diversidad o derechos de las infancias. Tampoco hay capacitación y adiestramiento en materia de uso de la fuerza, o armamento menos letal. Un ejemplo, dijo, de los 13 cursos que establece dicha Ley, Baja California solo impartió dos a 29 elementos, en un estado de fuerza de más de mil, además, solamente un 55% de los policías estatales acudió a tiro en 2024”.
• Se encontraron discrepancias en cuanto al número de elementos policiales. “Hay cifras que no coinciden cuando se comparan altas y bajas”.
• Se les informó que no existe escala jerárquica, lo cual no tiene sentido, señaló el licenciado Fernando Escobar.
• Algo que preocupa es que las unidades de asuntos internos no cuenten con instrumentos suficientes para poder recibir y procesar las denuncias internas. En un año, se analizaron 3 denuncias.
• El tema de salud mental es un área de oportunidad. Pues en las corporaciones policiales, pese a la inclinación natural al riesgo que conlleva su labor, no hay personal psicológico suficiente; se cuenta con 3 psicólogos para atender a toda la comunidad policial.
• Se informó que no cuentan con las instalaciones requeridas para evaluar la capacidad física de la policía.
• El que solamente se haya capacitado en la perspectiva de género al 50% del personal indica que hay mucho trabajo por delante. Las mujeres representan el 19% del estado de fuerza, cifra por debajo del estándar internacional que es del 33%.

Entre los hallazgos positivos, el investigador comentó: se están formando y reclutando policías a una velocidad mayor que la que los pierden; al menos existen instrumentos para la formación profesional de carrera, y la academia de policía cuenta con las 16 instalaciones mínimas que se deben de tener. Además, de esta última se reportó una eficiencia terminal del 84%. Sin embargo, aclaró, no se cuenta en el estado con un programa de formación inicial de los policías, lo cual es una obligación legal, que cada policía cuente con un programa específicamente diseñado y adaptado a la realidad estatal.

Calificación de las penitenciarías: -59

Por su parte, la maestra Nancy Canjura, vocera de Causa en Común, informó que hizo falta mucha información en el área de penitenciarías. La calificación implica que está por debajo del cumplimiento de la mitad de lo que marca la Ley. El promedio de transparencia fue del 56%. “Esta opacidad impide evaluar adecuadamente el cumplimiento normativo en áreas críticas para los Derechos Humanos”.

Algunos hallazgos en los datos que fueron proporcionados por la instancia fueron:

• No se incluyó la carrera policial en el Programa Operativo Anual. La institución señaló que no cuenta con catálogo de puestos. Con esta respuesta, dijo, pudiera entenderse que las personas que ingresan a guardia y custodia de centros penitenciarios ingresan sin ningún filtro y que ya estando dentro, pueden ascender de manera discrecional, suponiendo que pudiera haber un ascenso de funciones.
• La institución se declaró incompetente para informar sobre instalaciones de formación, eficiencia terminal y costo por cadete. Se informó que cuentan con 23 protocolos de internamiento requeridos, lo cual es bueno, pues hay instituciones que informan que no cuentan con estos.
• En cuanto a seguridad social y certificación, el personal cuenta con 8 de 11 prestaciones. Carecen de seguro de riesgos de trabajo, préstamos personales y servicios funerarios. Sin embargo, si cuentan con régimen complementario. Señaló que pareciera que no se dimensiona el tipo de trabajo de estas personas que se encuentran bajo un estrés laboral distinto al de la mayoría, y en una situación de autoridad y el uso legítimo de la fuerza, y se les tiene en una situación precaria. “Pareciera que quienes son custodios y personal de seguridad también están pagando alguna pena o condena por el trato que llevan”, comentó.
• En certificación, 220 elementos fueron evaluados en control de confianza y todos aprobaron. “Ahí hay un área de oportunidad; cuando nosotros tenemos un examen en el que todo el mundo aprueba, casi siempre pensamos que está mal el examen, porque ya no cumple con su objetivo: obtener a los más aptos, no que todos pasen”, dijo la investigadora. Otro punto es que no se realizaron evaluaciones de desempeño en 2024, “lo cual es inaceptable”.
• Sobre género, fuerza e infraestructura, se informó que no existe protocolo de violencia de género, ni siquiera un área especializada, ni sala de lactancia, ni guardería.
• La institución reservó casi toda la información sobre uso de la fuerza, armamento y equipo de protección. Asimismo, no existe centro penitenciario exclusivo para mujeres.
• Los 5 centros declarados cuentan con separación por tipo de delito: delincuencia organizada y situación jurídica, lo cual es importante reconocerlo porque no ocurre en todo el país y es el principio para la reinserción social.

Calificación de Fiscalía: -46

En este tema se recibió el 99% de la información solicitada. Algunos elementos que tuvieron muy mala calificación fue el eje de carrera y autonomía.

En cuanto a las fortalezas de profesionalización, proporcionaron datos de que en 2024 se capacitaron 383 ministerios públicos, 272 peritos y 942 policías de investigación en formación continua. Se capacitaron 625 servidores públicos en perspectiva de género.

La Fiscalía cuenta con un Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria con capacidad para 100 personas en formación inicial presencial y 550 en formación continua virtual.

Algunas áreas de oportunidad fueron: No se impartió formación inicial para ministerios públicos ni peritos en 2024, pese a contar con programas vigentes. Y a pesar de que el régimen disciplinario muestra solidez (canales de denuncia accesibles, folio de seguimiento, garantía de no despido al denunciante, etc.), falta profundizar en el desarrollo de estos mecanismos.

Sobre autonomía hay un riesgo de injerencia. La Fiscalía completó su transición formal a organismo autónomo. Sin embargo, el Gobernador en Baja California puede conformar la terna y, ante falta de consenso legislativo, por lo que es un área de oportunidad también.

En cuanto a la certificación hay un avance parcial; la institución señaló que aún se encuentran en etapa de implementación. Y con respecto a seguridad social, sí se cuenta con seguro médico para los elementos, vacaciones progresivas, aguinaldo, pero no hay salas de lactancia y guarderías, afectando la conciliación laboral y familiar del personal.

Para finalizar, los voceros comentaron que el informe completo se puede consultar en línea en: causaencomun.org, y el informe del estado de Baja California en el enlace siguiente: http://bit.ly/49qM4sx